La experiencia de Ecuador con el CIADI ha sido terrible, perdimos $2000 millones

El excandidato presidencial del progresismo que logró captar más del 48% de votos a nivel nacional, Andrés Arauz, lamenta que la Asamblea Nacional no haya dicho nada sobre el Convenio del CIADI, que permite que las empresas extranjeras puedan meter arbitrajes (juicios privados) en contra del Estado ecuatoriano, sin pasar por la justicia ecuatoriana.

En una carta publicada en su cuenta de facebook, admitió que es “triste para quienes amamos la Patria”, que el Parlamento no se haya pronunciado sobre un tema tan relevante para todos.

Insistó que lo más probable es que el gobierno ratifique el Convenio del CIADI sin que la Asamblea diga nada. Eso da vía libre a la privatización del petróleo ecuatoriano. Sin embargo precisó que a la Asamblea y a la ciudadanía aún le quedan recursos para impedir el retorno de Ecuador al CIADI:

1. Demandar la inconstitucionalidad del Convenio del CIADI (la Corte solo se pronunció sobre el artículo 419, pero hay varios otros artículos de la Constitución que el Convenio del CIADI incumple).

2. Evitar que en el Presupuesto del Estado conste una partida para pagar a Perenco Bahamas. E incluir una resolución para que el pago a Perenco solo pueda ser dentro del país, previo el reconocimiento previo de laudo aribtral por parte de la justicia ecuatoriana.

3. Normar el consentimiento a arbitraje internacional mediante una ley para que requiera pronunciamiento previo de la Corte Constitucional en cada caso.

4. Plantear la inconstitucionalidad de instrumento de ratificación del Convenio del CIADI, pues se incumplió el término “inmediatamente” del artículo 418 de la Constitución.

Andrés Arauz al pueblo ecuatoriano – Caso CIADI

Experiencia de Ecuador con el CIADI es “terrible”

Arauz recordó que la experiencia que vivió Ecuador con el CIADI fue terrible. “Perdimos 2000 millones de dólares. Árbitros privados que dijeron que las leyes de nuestro país eran demasiado duras contra las empresas transnacionales. Árbitros que dicen que las empresas extranjeras violaron la ley, pero que igual la multa la debe pagar el Estado ecuatoriano; es decir, el pueblo ecuatoriano”.

Dijo que las empresas que quieren privatizar la riqueza nacional siempre buscan la protección del CIADI, un brazo del Banco Mundial con sede en Washington, para blindarse frente a futuras regulaciones ambientales, laborales o tributarias.

Quienes defienden al CIADI dicen que es para promover la inversión extranjera, pero es sencillo preguntarles: ¿qué proyectos de inversión van a venir?, ¿qué fabrica se va a construir?, ¿qué obra se va a construir? o ¿qué empleos específicos se van a generar? No tendrán respuesta, la “inversión extranjera” a la que se refieren es exclusivamente la privatización de la infraestructura petrolera, eléctrica, vial y de telecomunicaciones. Por ejemplo, el gobierno ya firmó la nueva política petrolera en donde dice que el arbitraje internacional es un pilar de la política de privatización de los campos petroleros.

Ecuador debe pagar a Perenco $412 millones

Arauz mencionó que hace pocos días, un grupo de árbitros del CIADI decidió que Ecuador debe pagar $412 millones a Perenco, una petrolera que operaba desde el paraíso fiscal de las Bahamas. Pero como Ecuador había salido del CIADI en 2009, el ministro de Finanzas no iba a tener la base legal para pagar esa multa, pues el CIADI ya no era parte de la ley ecuatoriana. ¿Qué hizo el gobierno? En vez de solicitar que Perenco primero pase por la justicia ecuatoriana si quería recibir el pago, más bien fue a Washington a firmar el Convenio del CIADI.

“Se firma un tratado para que el Ecuador pague $412 millones a una sola transnacional petrolera que opera en una guarida fiscal. Esa cantidad de dinero es enorme… imaginense ese dinero invertido en la educación de los más pequeños o en la dotación del cuadro básico de vacunas de nuestros niños. O por último, en las universidades y municipios de nuestro país para mejorar la obra pública y generar trabajo en todos los cantones”.

En resumen, el gobierno decide volver al CIADI a empujones, saltándose a la Asamblea y con irregularidades en la Corte Constitucional con dos objetivos claros: (1) privatizar lo más valioso que tiene el Estado y (2) justificar el pago de $412 millones a Perenco.

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